Tere Maldonado, 28 de marzo de 2021, Hordago.
Foto: Ecuador Etxea
Este año las feministas de la CAE podemos estar tranquilas, el fin de la precariedad, de la rapiña, de la injusticia y las desigualdades están cerca. Por fin una parte de nuestros gobernantes se han dado cuenta de la urgencia de cambiar de rumbo. Una parte, otra todavía no: es una pena que el Gobierno Vasco quiera dedicar (en los casi 200 proyectos que ha presentado para optar a los fondos europeos “Next Generation”) más de la mitad del presupuesto solicitado a tres grandes empresas que no contribuyen precisamente a avanzar en la urgente transición energética ni a dar prioridad a la vida y el cuidado. Pero todo se andará. Sus compañeros de partido en EUDEL les convencerán de que hay que cambiar el chip. Al fin y al cabo, hasta el Financial Times ha pedido reformas radicales que incluyan mayor intervención de los estados, más impuestos a los ricos y que los servicios públicos se consideren una inversión y no un gasto.
Nosotras no cabemos en nuestro gozo después de leer la declaración institucional de EUDEL (Asociación de municipios vascos, presidida por el alcalde de Gasteiz, Gorka Urtaran) con motivo del 8 de Marzo de este año. No es que hayan dicho en ningún momento “teníais razón, estábamos equivocados”, pero eso no importa. Todo lo que dice ese comunicado lo viene diciendo el Movimiento Feminista desde hace años, y es una gran noticia que ahora EUDEL se adhiera a nuestro ideario. Máxime teniendo en cuenta que quienes suscriben esta declaración son personas que ostentan cargos públicos en ayuntamientos que en muchos casos pertenecen a partidos (PNV sobre todo, también PSE-PSOE) que a su vez gobiernan otras instituciones fundamentales en el reparto de recursos, como las Diputaciones y el Gobierno Vasco.
No vamos a poner en duda lo que dicen, ni a sospechar que pueda ser una simple suplantación del discurso sin intención de hacer nada para que lo que ahí se declara se convierta en realidad. Claro que, cuando vemos que cargos públicos de otras instituciones, pero de los mismos partidos, optan sistemáticamente por la privatización de servicios… pues, sí, podríamos ser mal pensadas. De hecho, tenemos algunas experiencias previas: el gran fraude de la presunta Responsabilidad Social Corporativa (simple lavado de cara empresarial para esconder las sistemáticas vulneraciones de derechos que cometen muchas grandes empresas) o la llamada “ética de los negocios” que resultó pura cosmética y técnica de márketing. También están las políticas que las organizaciones LGTBI han denunciado como “pinkwashing”, o sea, otro lavado de cara, presentándose como “gayfriendly” por puro interés comercial pero sin implicación real ninguna en la eliminación de la homofobia y el heterosexismo.
Y no, no es nueva la adopción retórica por parte de las instituciones del vocabulario propio de los movimientos sociales críticos, como el movimiento feminista, el ecologista o el antirracista. Algunos ejemplos cercanos: el Gobierno Vasco habla de sostenibilidad mientras no sólo no renuncia a la implantación del tren de alta velocidad, sino que la financia con cifras astronómicas. Esas mismas cantidades de dinero, invertidas en otras partidas, permitirían que el auzolana y el bien común dejaran de ser un eslogan publicitario y llegaran a toda la población. Es el mismo Gobierno Vasco que repite como un soniquete las palabras ‘diálogo’ y ‘participación’ pero utiliza luego el rodillo de la mayoría absoluta del PNV y el PSE-PSOE para no aceptar ni una sola de las 1.289 enmiendas parciales que la oposición presentó a los presupuestos. El mismo Gobierno Vasco que habla de ‘convivencia’ y de respeto a todas las personas, pero convierte las escuelas públicas en guetos. Como Emakunde, organismo gubernamental que dice que hay que cuidar a las personas que se encargan de los cuidados en el empleo de hogar y la atención domiciliaria, pero eso es todo lo que hace: decirlo, y repetirlo mucho, a ver si por arte de magia…
Aún así: no vamos a ser suspicaces ni a decir que esta declaración de EUDEL o la campaña de Emakunde son casos flagrantes de purplewashing. Auzolana: vamos a confiar en que no se repetirá la historia de que se dicen cosas que luego se quedan en papel mojado. Estamos muy de acuerdo con EUDEL y con Emakunde en la necesidad, este 8M recién pasado, y todos los días, de reconocer la aportación de las mujeres al bienestar general. Somos también conscientes, como ambas instituciones, de la sobrecarga de muchas mujeres y el desigual reparto del trabajo que la pandemia ha revelado.
Estamos seguras de que a partir de ahora se garantizará el trabajo en condiciones dignas para todos los sectores esenciales (cajeras de supermercado, campesinas, cuidadoras…); habrá más escuelas infantiles públicas; volverán la comida de proximidad y las cocinas a los comedores escolares; se (re)municipalizarán las residencias y los servicios de atención a la dependencia; se regularán los alquileres y se ampliará el parque público de viviendas de alquiler; se incorporarán cláusulas sociales y ecológicas para que a los contratos públicos accedan prioritariamente cooperativas; se hará una reforma fiscal para que Petronor, Iberdrola, BBVA… paguen lo que les toca.
Después de semejantes declaraciones institucionales se acabará con la gestión de tantos servicios públicos en manos privadas (que hacen negocio mal pagando a trabajadores y trabajadoras y prestando una atención de muy escasa calidad); será el fin de los servicios de atención domiciliaria precarizados con condiciones de trabajo inauditas; no habrá más servicios de limpieza subcontratados en las administraciones públicas.
Además, gracias a la famosa alianza público-privada, los cargos públicos que suscriben estas declaraciones podrán explicar a sus compañeros de partido que están en consejos de administración de grandes empresas qué son la brecha salarial y la discriminación indirecta, y acabar con ellas en el ámbito de la empresa privada.
La crisis originada por la pandemia ha traído dolor e incertidumbre pero también ha puesto de manifiesto que, cuando alertábamos sobre la destrucción y el deterioro de los servicios públicos, no estábamos siendo alarmistas sin fundamento. O que, cuando denunciábamos las brechas de desigualdad profunda que recorren nuestra sociedad, no lo hacíamos por ser unas aguafiestas. Nos congratulamos de que ahora instituciones como EUDEL o Emakunde nos den la razón y reconozcan que “es necesario un férreo compromiso público para combatir las brechas de género que sostienen el reparto injusto y desigual de cargas y beneficios” (literal).
De paso, sugerimos a Gorka Urtaran como presidente de EUDEL, que vaya introduciendo en este enfoque a su compañera de partido Beatriz Artolazabal, que hace poco explicó que no considera que los servicios públicos deban ser públicos. Seguro que la consejera se lo replantea cuando el alcalde de Gasteiz le explique que otra política pública no sólo es posible y sostenible, sino que es urgente e inaplazable.
Que el Ayuntamiento de Bilbao, dirigido por su compañero de partido Juan Mari Aburto, haya adjudicado (en licitación pública) el servicio de atención domiciliaria de la ciudad a una multinacional de la construcción (priorizando lo barato de la propuesta económica), eso… debe ser una pesadilla que hemos tenido, un mal sueño, no está pasando aquí ni ahora. Lo dice EUDEL. Lo dice Emakunde.