Comparecencia de FeministAlde ante el Proyecto de ley de segunda modificación de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres (12\09\01\00\00002)
Miércoles, 24 de marzo de 2021
Eguerdi on eta eskerrik asko FeministAlde gonbidatzeagatik.
Como grupo feminista autónomo, integrante activo del movimiento feminista vasco, comparecemos ante esta Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Justicia para presentar nuestra valoración sobre el proyecto de ley.
Para ello, hemos distribuido nuestra intervención en 2 momentos: primero, comentaremos aspectos generales y seguidamente valoraremos algunos títulos y su contenido concreto.
Respecto a la valoración general y como comentario previo:
- El problema con la igualdad de género y con la persistente discriminación de las mujeres en muchos ámbitos, no se debe a la falta de leyes, sino a un exceso de normativa incumplida. Vemos que el problema con la Ley 4/2005 es su vulneración por el propio Gobierno Vasco y las instituciones públicas. Un ejemplo de esto, son las reiteradas resoluciones e instrucciones emitidas por Lanbide sobre el reconocimiento de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) a familias monomarentales o a mujeres que enfrentan violencia machista.
- Esto es muy grave porque supone concebir la ley como elemento decorativo y porque genera en la ciudadanía desafecto y desconfianza hacia los procesos legislativos. Así, todo el tiempo empleado en elaborar, presentar, discutir, y promulgar nuevas leyes es tiempo que se quita a procurar que la normativa existente se cumpla de forma eficaz y efectiva.
- Consideramos que, con el marco normativo hoy vigente en la Comunidad Autónoma del País Vasco, sumado a una voluntad política, se podrían generar avances más transformadores y decisivos.
- Además, antes de poner la maquinaria legislativa a trabajar, nos parece fundamental que se evalúe la totalidad de lo hecho hasta ahora, para poder calibrar si se avanza o no, en qué hay que incidir más, o en qué campos habría que cambiar el rumbo. De hecho, la última evaluación realizada a la Ley en el año 2015 refleja limitaciones formales y sustanciales de la misma, dejando fuera, por citar un ejemplo, algo tan importante como la valoración sobre el capítulo de otros derechos sociales básicos.
- De ahí que, sea necesario una evaluación eficaz, independiente, progresiva y sostenida en el tiempo, que aclare si el dinero público invertido en las políticas de igualdad va a algún sitio o se difumina sin obtener resultados relevantes. Nos preocupa que las evaluaciones realizadas hasta ahora ponen de manifiesto carencias e incumplimientos que posteriormente no son corregidas por las instituciones competentes.
- En ese sentido, nos alarma que las políticas actuales de igualdad no estén sirviendo para solucionar los problemas reales de las mujeres en la Comunidad Autonómica del País Vasco, o que finalmente se usen como medio para tenernos entretenidas en dinámicas burocráticas y estériles.
- Creemos que hay una inflación en el marco normativo sobre igualdad que oculta su reiterado incumplimiento. Presentando leyes, planes y otros instrumentos legales, se genera la ilusión de que se hace más por la igualdad, de lo que en realidad se está haciendo.
En septiembre 2020, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Violencia de Género manifestó su preocupación sobre la perpetuación de prejuicios y estereotipos de género de la Diputación Foral de Bizkaia al haber aplicado el llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP) en un caso de custodia compartida. ¿Se trata de un caso aislado en las instituciones vascas o es un problema generalizado? ¿Qué medidas y responsabilidades se han establecido por estos hechos?
Ante esta realidad, consideramos que es necesario:
⇒ primero, que se cumpla íntegramente el marco normativo vigente,
⇒ segundo, que las nuevas leyes en igualdad refuercen su carácter vinculante,
⇒ tercero, que estas nuevas leyes dejen de sostener un modelo que reproduce desigualdades, y posibiliten que las mujeres logren despegarse de los suelos pegajosos en los están atrapadas, y sirvan también para dignificar la vida de la mayoría.
Entrando ya al contenido concreto del proyecto de ley que nos convoca:
En primer lugar, en la línea de algunas intervenciones que nos han precedido, consideramos que el proyecto de ley carece de 2 elementos que nos parecen esenciales en un instrumento legal: lenguaje y medidas de carácter coercitivo. De nuevo, nos encontramos ante un texto legal relativo a la igualdad de mujeres y hombres redactado con un lenguaje muy débil que produce un derecho “blando”. La ley de igualdad, que debe obligar a todas las personas e instituciones, se reduce a medidas generalistas, y con ello, a una mera declaración de principios.
Es habitual que las normas para la igualdad estén plagadas de elementos declarativos, sin carácter vinculante, y que, por tanto, muchas veces se incumplan sus disposiciones y no pase nada, que no se establezcan responsabilidades, ni consecuencias directas. En contraposición, vemos que otras ramas del Derecho, como el derecho de propiedad, de inversiones o las normas de comercio, generan un derecho corporativo duro, totalmente eficaz, unilateral y de obligado cumplimiento.
A modo ilustrativo, mencionamos algunos ejemplos sobre el carácter voluntarista del proyecto de ley:
⇒ El reiterado uso de verbos como “incentivará” o “promoverá”.
⇒ De forma similar, no se establecen plazos para adoptar medidas legislativas proporcionadas y oportunas en los diferentes niveles de las administraciones públicas, ni mecanismos para evaluar, seguir y controlar el marco normativo de igualdad, ni el impacto social de la ley.
En segundo lugar, la memoria económica elaborada por Emakunde recogía una estimación económica para garantizar estructuras mínimas en todos nivel de la administración pública. En términos generales, de acuerdo a lo indicado en la memoria, esto supondría duplicar el personal especializado y supondría el aumento de los presupuestos generales para políticas de igualdad. Quizás así llegaríamos al tan mencionado 1%.
Esta memoria que era una herramienta para garantizar un mínimo cumplimiento de la ley, sorprendentemente, ha desaparecido durante el trámite legislativo. Exigimos que se recupere y aplique.
En tercer lugar, vemos con estupefacción cómo las instituciones vascas se han aprendido las consignas feministas, pero no quieren aplicar medidas que las hagan realidad. De hecho, siguen privatizando residencias sin que ninguna legislación autonómica lo impida. Les recordamos que la privatización supone un detrimento en las condiciones laborales de las personas trabajadoras y pérdida de las condiciones de vida de las personas usuarias. En este sentido, nos preocupan especialmente las declaraciones realizadas, en más de una ocasión, por la Consejera Artolazabal, para quien los cuidados no parece que deban ser una prestación pública.
Poner la vida en el centro de verdad pasa por avanzar legislativamente en la organización y puesta en marcha de un sistema público de cuidados, reforzando el empleo público y dignificando los trabajos que mantienen la vida. Nos sorprende y preocupa que no haya mención a tal sistema público de cuidados, sino que además nos parece muy grave que en la redacción del capítulo sobre trabajo doméstico y de cuidados se hable -otra vez- de programas de reposo y ofertas formativas para las personas cuidadoras, sin mencionar las grandes desigualdades estructurales y simbólicas que existen en este ámbito. Nuevamente, se deja el cuidado en el ámbito privado y en las manos de las mujeres.
Para esto hace falta mucho dinero, nos dirán. Cierto, es una cuestión de prioridades. El Tren de Alta Velocidad (el TAV) ¿cuánto dinero público se ha llevado y se llevará todavía?
Finalmente, y entrando en el apartado sobre violencia, mencionar que es un tema complejo al cual por cuestión de tiempo para este espacio de la comparecencia no hemos podido profundizar. No obstante, hacemos eco de las valoraciones presentadas por las comparecencias anteriores sobre los vacíos en dicho apartado y de forma breve hacemos un par de apuntes:
- Nos preocupa que esta ley, a pesar de modificar el capítulo de violencia, siga sin resolver los obstáculos burocráticos en la atención a las mujeres víctimas y sobrevivientes. Al respecto nos preguntamos, ¿qué efecto va a tener esta ley en los protocolos y en el decreto de cartera que desarrolla la atención integral en el ámbito de violencia?
- La realidad es que las mujeres siguen transitando un itinerario que las revictimiza, porque las administraciones no se adaptan a sus necesidades.
- En este sentido, se vuelve a poner en evidencia la necesidad de recuperar la memoria económica para tener recursos suficientes de cara a hacer frente a la atención integral.
Habría muchos más temas para valorar sobre el proyecto ley, pero hemos priorizado estos 4 puntos. Quedamos a disposición de sus preguntas y comentarios. Eskerrik asko.