Las asociaciones de familiares de usuarios de residencias, Babestu de Araba y Bizkaia, Gipuzkoako Senideak, Irauli Zaintza y Familares de Personas Usuarias de Residencias y Centros de Dia de Araba, así como el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, hacemos una llamada de emergencia a las organizaciones sociales y sindicales a coincidir con nosotras y nosotros en las manifestaciones que vamos a realizar el día 31 en las cuatro capitales de Hego Euskal Herria (Gasteiz, Donostia, Iruñea y Bilbao).
Manifestamos nuestra más profunda preocupación por la situación que viven tanto las personas mayores más frágiles, muchas de ellas usuarias de residencias, de centros de día y de servicios de ayuda a domicilio, como sus familiares. Los recortes en el presupuesto, la privatización de los servicios, la falta de personal, la precariedad de las condiciones de trabajo y el abandono de las tareas de inspección por parte de las administraciones competentes han deteriorado la calidad de los servicios. La crisis sanitaria del Covid19 está dejando al descubierto estas deficiencias, que han convertido las residencias en centros de aislamiento, donde se vulneran los derechos de las personas usuarias y trabajadoras. El cierre de las residencias ha supuesto un verdadero maltrato institucional para nuestros mayores.
Es inaceptable que en esta segunda fase de la pandemia se sigan produciendo tantos contagios y fallecimientos. Los protocolos o no se cumplen o no son suficientes. Las personas trabajadoras y usuarias siguen careciendo, en muchas ocasiones, de las medidas de prevención necesarias. No se está realizando una adecuada gestión de espacios que proteja la salud de las personas y no se garantiza una atención de calidad personal y colectiva suficiente.Los afanes privatizadores y economicistas de las distintas administraciones han derivado en un modelo de negocio y lucro, basado en criterios mercantiles, que busca la rentabilidad económica.
Osakidetza, haciendo dejación de sus obligaciones, no realiza los controles sanitarios desde los centros de salud de barrios y localidades, en cada una de las residencias privadas y/o concertadas. Esto permite que estas residencias den una asistencia sanitaria privada, a todasluces precaria. Todo esto supone un grave deterioro de la salud de los residentes.Ni se cumple la legislación vigente ni se ha cumplido con el Plan Estratégico 2017-2020, aprobado por el Gobierno Vasco junto con las tres diputaciones y EUDEL. Se han limitado al nombramiento de diferentes cargos, sin aportar nuevos recursos económicos y humanos de atención directa.Exigimos la obligatoriedad de unidades socio-geriátricas y socio-sanitarias en los centros residenciales. Solicitamos un modelo de calidad con criterios claros de proceso y resultado, así como planes de atención individualizados, que sean de obligado cumplimiento, no recomendaciones.
Demandamos el reconocimiento del trabajo de cuidado en domicilios, en gran medida realizado por mujeres inmigrantes, sometidas a unas condiciones de trabajo inaceptables. Todo ello lo estamos exigiendo en decenas de movilizaciones, y seguimos sin respuesta por parte de las DDFF y el Gobierno de la CAV: ni una sola explicación de por qué pasa esto en las residencias, por qué las personas mayores y quienes las atienden tienen que sufrir las consecuencias de su falta de previsión y mala gestión. No entendemos que, tras 700 fallecimientos, ninguna de esas instituciones haya hecho una reflexión autocrítica de su actuación; al contrario, se felicitan de haber hecho bien las cosas. Queremos participar en la evaluación de las medidas y protocolos que se adoptan para hacer frente a la pandemia, así como en la gestión de las visitas y salidas.
Exigimos a las administraciones que, a través del diálogo y la participación de los agentes sociales, se cambie el actual modelo de atención a la dependencia, impulsando una red pública de servicios socio-sanitarios de carácter universal, cercano y con una atención digna y de calidad, y llevando un control estricto del conjunto del sistema. No queremos acabar sin recordar a las numerosas personas que han fallecido por el Covid-19 y por pena en las residencias, así como a sus allegados, por el sufrimiento añadido a las circunstancias en que se han dado estos decesos.