Anabel Sanz del Pozo (FeministAlde)
El informe del CES sobre el VII Plan de Igualdad de la CAPV nos ha sorprendido gratamente. En realidad no dice cosas nuevas, la novedad es que esas opiniones las comparta el Consejo Económico y Social.
El avance de las políticas de igualdad está sujeto a cuestiones que exigirían cambios profundos, de raíz, que no están previstos en los actuales planes de igualdad. Pero sin duda, lo que hay, podría ser mucho más efectivo.
Ante las críticas, Emakunde alega que los planes responden a un mandato legal, que dice que el Gobierno Vasco aprobará cada legislatura, un plan general que recoja de forma coordinada y global las líneas de intervención que deben orientar la actividad de los poderes públicos vascos en materia de igualdad de mujeres y hombres. Este mandato constriñe los procesos, no permite realizar evaluaciones que midan su impacto, no da tiempo a implementar el plan vigente y los planes acaban siendo más de lo mismo con ligeros matices. El gasto que supone la elaboración del nuevo plan, que sustituye al anterior no implementado, bien podría utilizarse de otro modo. Estas críticas, repetidas hasta la saciedad desde diferentes sectores no han servido, hasta ahora, para hacer un nuevo planteamiento.
Pero el problema no es solo procedimental, hay cuestiones de fondo que no podemos olvidar. Por un lado, que Emakunde, al ser un organismo autónomo dependiente de Lendakaritza, sólo tiene capacidad para asesorar e impulsar. Muchas opinamos que debería ser una Consejería, condición que subsanaría el carácter subalterno que tiene en la actualidad, además de gozar de mayor nivel competencial demostrando la voluntad política de otorgar, verdaderamente, a las políticas de igualdad el protagonismo que merecen y necesitan. Desde el Gobierno Vasco se defiende que siga siendo un instituto en aras a conseguir más fácilmente la transversalidad, pero la realidad es que su carácter meramente asesor tiene como resultado la voluntariedad puesto que las competencias de implementación están en las consejerías. Además, después de 30 años de políticas de igualdad podemos constatar que su desarrollo, su presupuesto y su impacto no son los esperados.
Por otro lado está la trampa de la transversalidad. Siendo ésta una herramienta muy válida para la implementación de políticas de igualdad, si no cuenta con un liderazgo político claro y contundente, con una implicación real de todos los departamentos y, con suficiente dotación presupuestaria y de personal especializado, las resistencias afloran y se convierten en una coartada para el inmovilismo, tremendamente útil a la hora de afianzar el discurso de lo “políticamente correcto”. Una de las falacias que se utilizan habitualmente es que incluir la perspectiva de género no supone más trabajo, cuando en realidad supone un replanteamiento general y profundo de la forma de hacer, de los presupuestos de los que se parte, manejar conceptos y metodologías nuevas y vencer resistencias personales hacia la igualdad. El feminismo ha ganado en las calles la legislación que obliga a las instituciones a poner en marcha políticas de igualdad, y desde el 8 de marzo de 2018 la legitimidad es indiscutible, pero el Gobierno vasco no pía.